De momento no se han revelado muchos más datos numéricos sobre el operativo. Se habla de “miles” de controles; se dice que la dotación que ha recibido Tráfico, de un millón de euros, es la mayor que se destina a un proyecto como este; se cuenta que cada control tendrá un coste de unos 60 céntimos de euro. Si las cuentas fueran directas – que no lo serán – estaríamos hablando de millones de pruebas.
En cuanto a cómo se desarrollará todo el operativo de forma concreta, en primer lugar se practicará al conductor un control de alcoholemia que además de detectar la presencia de alcohol en su organismo servirá como filtro para el control de drogas. Si el conductor ya da positivo en alcohol, no se le someterá al test de drogas. Es decir, se le sancionará por conducir con alcohol en sangre, no por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas.
Para evitar problemas de falsos positivos, la prueba antidrogas será doble. Primero se utilizará una tira reactiva que se impregnará con la saliva del conductor. Si da positivo, el conductor no podrá continuar su viaje y se le practicará una segunda prueba, que será enviada a un laboratorio y analizada en un plazo de 24 horas. Si esta segunda prueba diera positivo, entonces se sancionaría al conductor, que podría solicitar una prueba de contraste en un hospital.
La idea que tiene la DGT es detectar el consumo de drogas en el momento de la conducción, según explica María Segui, y no el consumo crónico o de días pasados. Sin embargo, surge la duda de cómo el sistema de detección puede diferenciar entre un consumo previo a la conducción, por ejemplo, en drogas cuyos efectos perduran en el tiempo, se acumulan o crean flashbacks.
Para los infractores cuyo estado se detecte por sintomatología evidente y confirmación mediante prueba, se prevén penas de prisión de tres a seis meses, con multas de seis a 12 meses y con trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días.
Si los agentes no detectan síntomas en el conductor pero el análisis demuestra que ha consumido drogas, la sanción será administrativa y la pena consistirá en una multa de 500 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducir. La negativa a este tipo de pruebas se castigará con penas de prisión de hasta un año y con la privación del derecho a conducir de hasta cuatro años.
Veremos cómo resulta este cerco a la conducción bajo los efectos de las drogas, un factor de riesgo que a causa de la percepción de impunidad que tenía hasta ahora entre muchos conductores ha proliferado. Esperemos que la curva sea descendente en los próximos tiempos.
Fuente:europapress.es
pare usted aqui y bajese los pantalones